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Francisco Miguel Sánchez2019-02-26T08:58:59+00:00
FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ

Francisco Miguel Sánchez

Asesinado 30 de mayo de 1985. Pamplona

Francisco Miguel Sánchez. Policía nacional.

El viernes 30 de mayo, alrededor de las 21:00 horas, la centralita del 091 de Pamplona recibió una llamada de auxilio. Una persona alertaba a la Policía que en el primer piso del número 16 de la calle Bajada San Francisco Javier, en pleno casco viejo de Pamplona, un drogadicto estaba pegando a su madre. «¡Que vayan pronto, que la mata!», urgió la voz al otro lado del teléfono. Dos coches patrulla se dirigieron a toda velocidad hacia el lugar señalado para impedir la supuesta agresión.
Cuando llegaron a la altura del número 16, varios agentes bajaron del automóvil y corrieron hacia el portal. Unos minutos antes, la integrante de la banda terrorista ETA Mercedes Galdós Arsuaga, simulando ser una mujer embarazada, había colocado junto a ese portal un paquete entre el resto de bolsas de basura que contenía una potente bomba.
Cuando los policías se aproximaron, el explosivo estalló. La explosión acabó con la vida de Francisco Miguel Sánchez y provocó heridas a otros cuatro agentes.

Originario de Villaverde del Río (Sevilla), Francisco Miguel tenía treinta y dos años, estaba casado y era padre de dos hijos. Junto a él murió también un menor, pues la onda expansiva no solo afectó a los policías nacionales, sino que alcanzó a un niño de trece años, ALFREDO AGUIRRE BELASCOAIN.

El ministro del Interior, José Barrionuevo, acudió al funeral religioso que se celebró en Pamplona en memoria del policía nacional. Algunos asistentes increparon e insultaron duramente al ministro, a quien espetaron, entre otras cosas: «Hasta el próximo muerto» o «Mañana caerá otro».

Los miembros de ETA Mercedes Galdós Arsuaga, Juan José Legorburu Guerediaga y José Ramón Artola Santiesteban fueron condenados por la Audiencia Nacional en 1987, por el delito de atentado contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad con resultado de muerte, a sendas penas de 30 años de reclusión mayor por asesinato con alevosía y premeditación; a otros 30 años de reclusión mayor para cada uno por asesinato; y por tres delitos más de asesinato en grado de frustración, a sendas penas de 25 años de prisión mayor. La sentencia también recogía la obligación de los condenados de indemnizar a los herederos
legales de cada una de las víctimas mortales con 12 millones de pesetas, y al resto de las víctimas que resultaron heridas con un monto total de 2.410.000 pesetas.

Véase también Alfredo Aguirre Belascoain.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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